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El Poder Ejecutivo provincial elevó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que propone una serie de beneficios tributarios destinados a aliviar la carga fiscal sobre la actividad comercial en Entre Ríos, con eje en los pequeños contribuyentes, los emprendimientos de menor escala y los comercios de cercanía, confirmó AIM.
Luego del anuncio del gobernador Rogelio Frigerio, tomó estado parlamentario la iniciativa que plantea exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y en el Impuesto de Sellos, además de una derogación en el Código Fiscal y una facultad transitoria para el propio Ejecutivo.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostuvo que la actividad comercial “constituye un componente esencial del entramado económico y social entrerriano” y remarcó que “sostiene empleo, promueve el desarrollo de las economías locales, dinamiza centros urbanos y pequeñas comunidades, y permite la subsistencia de una gran cantidad de unidades económicas familiares, unipersonales y de pequeña escala”.
La propuesta se estructura en cuatro ejes. El primero apunta a los monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial, para quienes se establece la exención del Ingresos Brutos del Régimen Simplificado provincial. Según explicó el Ejecutivo, la medida “procura atender la situación de los contribuyentes de menor capacidad contributiva, para quienes incluso las cargas fiscales de cuantía moderada pueden representar un costo significativo en la continuidad de su actividad”.
Para el resto de los adherentes al régimen, el texto prevé eximir la cuota mensual número doce de cada período fiscal, siempre que se hayan abonado en término las once anteriores, en lo que el Gobierno definió como “un incentivo concreto al cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones tributarias”.
El segundo eje incorpora una exención transitoria del Impuesto de Sellos para los contratos de locación de inmuebles destinados a actividades comerciales, ya sean nuevos, renovados o prorrogados. El Ejecutivo argumentó que esta exención “procura reducir los costos transaccionales asociados a la instalación y permanencia de los comercios, facilitando la continuidad de actividades existentes y promoviendo nuevas iniciativas comerciales en la provincia”. No obstante, aclaró que el beneficio “no se concibe como un beneficio irrestricto” y prevé exclusiones ante casos de “simulación, inexistencia de afectación económica real, falsedad documental, ocultamiento o utilización abusiva del régimen”.
El tercer punto propone derogar un apartado de la Ley Impositiva vinculado al gravamen sobre la continuidad de estructuras societarias, en lo que el texto enmarca como “una política de simplificación tributaria, reducción de costos formales y eliminación de gravámenes” que no impactan en la eficiencia recaudatoria.
Por último, el proyecto habilita al poder Ejecutivo a disponer, por decreto fundado, reducciones transitorias de alícuotas de Ingresos Brutos para sectores en crisis o emergencia, con un tope del cincuenta por ciento de la alícuota vigente y prohibición expresa de “beneficios individuales o discrecionales”. El Ejecutivo deberá informar a la Legislatura cada decreto que disponga, prorrogue o modifique estas reducciones, y mantiene intactas “las facultades de verificación, fiscalización, determinación, percepción y sanción” de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater).