Representantes de cámaras empresarias, organizaciones de la sociedad civil, entidades profesionales y especialistas en transparencia expresaron fuertes cuestionamientos al proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para regular la gestión de intereses, conocida comúnmente como actividad de lobby. Las críticas surgieron durante una reunión informativa realizada en la Cámara de Diputados, donde distintos expositores coincidieron en advertir que la iniciativa, tal como está redactada, podría afectar la participación ciudadana y generar restricciones excesivas, supo AIM.
Según pudo saber AIM, los cuestionamientos provinieron de sectores muy diversos, desde entidades empresariales hasta organizaciones de derechos humanos, que si bien respaldaron la necesidad de avanzar hacia mayores estándares de transparencia, consideraron que el proyecto presenta definiciones ambiguas, mecanismos de control excesivos y un régimen sancionatorio desproporcionado.
Críticas desde el sector privado
Durante el debate, representantes de cámaras empresarias señalaron que una regulación de la actividad debe garantizar transparencia sin convertirse en una barrera para la participación de empresas, instituciones y organizaciones en el proceso de elaboración de políticas públicas.
Entre las principales observaciones figuraron la amplitud de las definiciones incluidas en el proyecto y la incorporación de sanciones penales para quienes incumplan determinadas obligaciones. Los expositores sostuvieron que un esquema excesivamente punitivo podría desalentar la interacción legítima entre el sector privado y los organismos públicos.
Preocupación por la participación ciudadana
Las objeciones más fuertes provinieron de organizaciones de la sociedad civil y especialistas en transparencia institucional, quienes advirtieron que la iniciativa podría terminar alcanzando actividades que forman parte del ejercicio habitual de derechos ciudadanos.
Según plantearon durante la reunión, la definición de “gestión de intereses” es tan amplia que podría abarcar desde reuniones de organizaciones sociales con funcionarios hasta presentaciones realizadas por vecinos, familiares de víctimas, referentes religiosos o colectivos ciudadanos que buscan impulsar cambios normativos.
Varios expositores alertaron que el proyecto corre el riesgo de equiparar la actividad profesional de los lobistas con formas legítimas de participación democrática, lo que podría derivar en mayores exigencias burocráticas para organizaciones sin fines de lucro y ciudadanos comunes.
Organizaciones advierten sobre un exceso regulatorio
Entidades vinculadas a la defensa de derechos civiles también expresaron reparos sobre el alcance de la propuesta. Entre otros puntos, cuestionaron que el texto no diferencie adecuadamente entre el lobby corporativo y las actividades de incidencia pública desarrolladas por organizaciones sociales, ambientales o de derechos humanos.
Además, señalaron que las sanciones previstas podrían resultar especialmente gravosas para asociaciones civiles y colectivos ciudadanos, mientras que tendrían un impacto mucho menor sobre grandes empresas con mayor capacidad económica.
Sin consenso en Diputados
El proyecto todavía se encuentra en etapa de análisis y, por el momento, no logró reunir consensos amplios entre los distintos sectores convocados al debate. Al cierre de la reunión, las autoridades de las comisiones encargadas del tratamiento anticiparon que continuarán las discusiones y buscarán incorporar modificaciones que permitan acercar posiciones.
De esta manera, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo enfrenta un escenario complejo en el Congreso. Aunque existe coincidencia en la necesidad de transparentar la relación entre actores privados y el Estado, buena parte de los especialistas convocados consideró que el proyecto requiere cambios sustanciales para evitar afectar el ejercicio de derechos vinculados a la participación ciudadana y la vida democrática.
