La relación entre la Iglesia y el Gobierno volvió a mostrar señales de tensión luego de que referentes eclesiásticos cuestionaran con dureza la política migratoria impulsada por la administración de Javier Milei. Desde la Pastoral de Migrantes e Itinerantes advirtieron que las reformas oficiales generan situaciones de vulnerabilidad y reclamaron garantías para el acceso a derechos básicos de las personas extranjeras radicadas en el país.
En el marco del Encuentro Nacional de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes realizado en Luján, representantes de la Iglesia Católica de todo el país manifestaron su preocupación por la situación que atraviesan las personas migrantes en Argentina y advirtieron sobre las dificultades que generan los recientes cambios en la legislación migratoria.
El pronunciamiento se conoció pocos días después del Tedeum del 25 de Mayo, donde el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, había llamado a reducir la confrontación política y a promover el respeto por la diversidad, en un mensaje que generó fuertes repercusiones dentro del oficialismo.
Durante el encuentro, representantes de la Iglesia manifestaron preocupación por los cambios implementados en los procesos de regularización migratoria y alertaron sobre el impacto que podrían tener en miles de familias.
Según expresaron, las modificaciones generan incertidumbre entre los migrantes y alimentan el temor a posibles expulsiones, dificultando el acceso a documentación, atención médica, educación y empleo formal. Además, sostuvieron que la política actual no se corresponde con el rol de un Estado que garantice derechos y promueva la integración social.
Los referentes eclesiásticos también apuntaron contra lo que definieron como un aumento de rechazos “arbitrarios” en los controles fronterizos y cuestionaron algunos operativos migratorios que, a su entender, tendrían una lógica más vinculada a la comunicación política que a una estrategia de protección de derechos.
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La Pastoral vinculó además la problemática migratoria con el deterioro de las condiciones económicas y laborales que atraviesan distintos sectores sociales.
En ese sentido, advirtió sobre las dificultades crecientes para acceder a empleos formales y servicios de salud, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. El documento también hizo referencia a trabajadores migrantes que se trasladan hacia polos productivos como las zonas petroleras o los complejos portuarios, donde, según denunciaron, suelen enfrentar condiciones precarias y situaciones de abuso laboral.
Frente a ese escenario, la Iglesia reafirmó su compromiso de acompañar a las comunidades migrantes y promover espacios de integración que prioricen la dignidad humana y el acceso efectivo a derechos fundamentales.
Las críticas se producen en un contexto de creciente distancia entre sectores de la Iglesia y el Gobierno nacional. En las últimas semanas, distintos referentes eclesiásticos habían expresado preocupación por el clima de confrontación política, la situación social y el impacto de algunas medidas económicas impulsadas por la Casa Rosada.
Con este nuevo pronunciamiento, la discusión sobre la reforma migratoria suma un actor de peso al debate público y abre un nuevo foco de tensión para el Ejecutivo, que defiende los cambios como parte de una estrategia orientada a reforzar los controles fronterizos y ordenar los procesos de ingreso y permanencia en el país.
