Mientras avanza el proceso para adjudicar las obras de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), la empresa belga DEME, que compite contra Jan De Nul en la licitación de la Hidrovía, elevó una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que cuestiona las condiciones del concurso y asegura que puede prestar el servicio con una tarifa 17,4% inferior a la establecida como piso en el proceso actual.
La compañía sostiene que las reglas de la licitación le impidieron presentar su propuesta más competitiva debido al valor mínimo fijado para la tarifa, tal como informó Ámbito después del análisis del dictamen de la Comisión Evaluadora que dejó a Jan de Nul y a Servimagnus, del Grupo Román, en primer lugar. Según planteó en una nota firmada por su representante Steven Bouckaert, ese piso es superior al que había ofrecido en la licitación anulada de 2025, pese a que aquel proceso contemplaba un alcance mayor de prestaciones.
Este diario informó lo inusual de la licitación: el pliego no solo dejaba en ventaja a Jan de Nul -por la redacción de los requisitos- sino que forzó un empate en el tramo del peaje, que estaba valuado en 120 puntos, al fijar para cada etapa un piso “mínimo”, lo que generó que ambas empresas ofertaran lo mismo. En sí, se trató de un simulacro de compulsa que tornó decisiva la valuación de la etapa técnica. ¿Por qué no se permitió que los consorcios pudiesen bajar el valor establecido y así ser más competitivos?
“El objetivo de toda licitación pública es obtener la oferta más conveniente, lo que incluye los precios más competitivos para la economía de un país”, señaló la empresa en la misiva enviada al Palacio de Hacienda. Allí argumentó además que el piso tarifario vigente “incrementa de manera artificial e innecesaria los costos operativos” para los usuarios de la vía navegable y para el complejo agroexportador argentino.
En ese contexto, DEME propuso realizar una nueva licitación bajo condiciones que considera más favorables para el interés público. La empresa afirmó que podría cumplir con todas las tareas requeridas en la concesión aplicando una tarifa máxima de u$s4,77 por NRT, frente al piso actual de u$s5,78 por NRT.
De acuerdo con los cálculos presentados por la firma, esa diferencia permitiría generar un ahorro nominal de al menos u$s2.500 millones para los usuarios de la Hidrovía durante los 25 años de concesión previstos en el proceso licitatorio.
La compañía también sostuvo que, si se mantiene el esquema actual, los usuarios de la VNT terminarían pagando alrededor de un 21% por encima de lo que considera un valor de mercado para los servicios de dragado y balizamiento. El gobierno había celebrado un supuesto ahorro, pero los pliegues de la licitación ya habían encendido las alarmas en el mundo empresarial por lo irregular de la redacción, y volvieron a llamar la atención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que evalúa sospechas de direccionamiento.
Además, en la presentación sostuvo que el esquema tarifario actual termina beneficiando a las empresas privadas por encima de los intereses de los usuarios de la vía navegable. La firma afirmó que mantener el piso de u$s5,78 por NRT implicaría cobrar valores por encima de los de mercado y encarecer innecesariamente los costos logísticos del principal corredor exportador del país.
Como alternativa, DEME informó al Gobierno que se encuentra preparando una iniciativa privada en el marco de la Ley Bases y el Decreto 713/2024, con el objetivo de presentar un proyecto que contemple condiciones económicas más convenientes que las previstas en la licitación actualmente en curso.
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La ofensiva de DEME también busca reforzar el respaldo internacional a su propuesta. La carta enviada a Caputo fue acompañada por firmas de ejecutivos vinculados a compañías e inversores estadounidenses, entre ellos representantes de Great Lakes Dredge & Dock Company, Clear Street y el fondo de inversión KKR.
Si bien esas empresas no integran formalmente el consorcio que participa de la licitación, la compañía asegura contar con apoyo financiero y operativo de actores relevantes de EEUU para desarrollar el proyecto.
En el documento, los firmantes sostienen que una eventual adjudicación a inversores con base en ese país “constituiría una sólida validación de mercado del programa de reformas” impulsado por el presidente Javier Milei y contribuiría a fortalecer la relación bilateral entre Argentina y EEUU.
La presentación llega en una etapa avanzada del proceso licitatorio y reabre la discusión sobre el costo de la futura concesión de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas. Ámbito reveló que existían sospechas acerca del dictamen de la Comisión Evaluadora de la Anpyn que le dio una ventaja superlativa a Jan de Nul y Servimagnus -que abre la puertas a socios locales como el Grupo Neuss, Juan Ondarcuhu y Gustavo Elías como subcontratistas por la mitad del valor de la privatización.
La misiva de DEME fue con copia al presidente Javier Milei, al canciller Pablo Quirno, al embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y a diversos funcionarios de los Estados Unidos, al igual que a diplomáticos involucrados en diversos intereses respecto a la Hidrovía.
La discusión no tiene precedentes: la empresa que fue perjudicada en la valuación técnica afirma que podría haber ganado la licitación si el pliego no hubiese contenido un precio de peaje inflado artificialmente para forzar un empate entre las oferentes y así poder alzarse con la ventaja la que tenía mayor llegada al propio Gobierno que elaboró el pliego. Como informó Ámbito, este cúmulo de irregularidades pasarán a engrosar la investigación de la PIA, cuando ya el Ejecutivo se frotaba las manos respecto a la adjudicación de la mayor privatización de la era Milei.
