La novela por la reforma constitucional en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sigue sumando capítulos. Este viernes, el gobernador Gustavo Melella vetó la ley aprobada por la Legislatura que finalizaba el proceso e insiste con el llamado a elecciones convencionales para el 9 de agosto. Malestar opositor tras la medida.
Semanas atrás, el parlamento derogó en horas de la madrugada, por 11 votos a favor y cuatro en contra, la ley 1.529, que fue aprobada en diciembre de 2023 y que promovía la modificación de 70 de los 211 artículos de la Carta Magna provincial, una de las batallas centrales de la administración de Melella.
Un día antes de esa votación, el mandamás había efectivizado la convocatoria a elecciones convencionales para el 9 de agosto. Desde la gobernación entendían que eso blindaría el proceso. Sin embargo, la Legislatura tuvo una lectura distinta y decidió seguir adelante. Posteriormente, la batalla cayó en un choque de interpretaciones entre esos dos poderes del Estado.
Este viernes, el jefe provincial hizo público lo que era un secreto a voces y oficializó, a través de un decreto, el veto a esa ley, sumando párrafos a una trama que lleva casi tres años y contando.
“La reforma constitucional constituye un proceso institucional ya en marcha, iniciado a partir de la declaración de necesidad aprobada oportunamente por la Legislatura con la mayoría agravada que exige la Constitución Provincial y el consecuente decreto de llamado a elecciones”, consideraron en la gestión.
Veto TDF
Por otra parte, señalaron que permitir la interrupción de este tipo de procesos “generaría una profunda inseguridad institucional, ya que habilitaría a mayorías circunstanciales a revertir decisiones constitucionales previamente adoptadas, alterando reglas fundamentales según coyunturas políticas transitorias”.
Al respecto, el Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, sostuvo que “lo que ha resuelto el Poder Legislativo es inconstitucional desde el mismo momento del tratamiento” y explicó que “la convocatoria a reforma no es una ley simple, no es una ley común, sino que pone en marcha un proceso superior vinculado a derechos constitucionales”.
De todos modos, la pulseada sigue abierta: el veto deberá volver a la Legislatura. De reunir 10 votos en contra, podría quedar sin efecto.
Desde la oposición, el primero en manifestarse fue el intendente de Ushuaia, el camporista Walter Vuoto, quien rompió su alianza con el mandatario en los últimos meses.
“Decidió desoír el mensaje de gran parte de la sociedad y de la propia Legislatura, que había avanzado en frenar la reforma constitucional en este contexto social y económico tan complejo”, puntualizó el alcalde. Además, acusó al dirigente de FORJA de desperdiciar “una oportunidad para escuchar, dialogar y construir consensos”.
Más allá de la tironeo por la Carta Magna, lo que irritó en los municipios fue la decisión de vetar, además, la llamada “ley de Goteo”, un proyecto impulsado por el PJ que establecía la transferencia automática de fondos coparticipables desde la provincia hacia las tres intendencias de la Isla.
Fue esa pulseada por fondos la que terminó con la alianza entre el justicialismo y la escudería del gobernador, aliada del peronismo a nivel nacional. Desde otros despachos reactivos a la gestión local se mostraron escépticos. “No nos sorprende, era algo que iba a pasar. A nosotros no nos cambió”, puntualizaron a este medio.
Actualmente, la modificación de la Constitución fueguina es una jugada casi exclusiva de Gustavo Melella, quien está enfrentado con todos los alcaldes, ya que Martín Pérez, de Río Grande, y Daniel Harrington, de Tolhuin, decidieron abrirse del oficialismo y fundar un partido autónomo llamado Provincia Grande. Pérez, incluso, ya se anotó para pelear por la gobernación el año próximo.
A nivel político, esos fueron los principales cambios en la correlación de fuerzas. En 2023, cuando se aprobó la reforma, el gobernador contaba con apoyo de los municipios. Hoy sufre el asedio de su exsocios y de una escudería libertaria fortalecida tras imponerse en las elecciones de 2025.
En el andarivel económico, Tierra del Fuego atraviesa una hora compleja. A la crisis de la industria se suma, además, la intervención del puerto de Ushuaia decretada por Nación, despojando al distrito de una de sus principales cajas. La medida está judicializada ante la Corte Suprema.
