El Gobierno nacional cumplió este martes con la orden dispuesta por el juez federal Alejo Ramos Padilla y amplió el presupuesto para el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) luego de meses de asfixia que puso en peligro su funcionamiento. El magistrado puso fin al diferendo judicial, pero advirtió a la Jefatura de Gabinete sobre los riesgos de volver a incurrir en una nuevo incumplimiento.
El titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata firmó este martes una resolución en la que dio por concluida la etapa judicial a considerar cumplidas las obligaciones de la administración nacional ante el incremento de las partidas en $590 millones, cifra que según las propias autoridades del organismo permitirán seguir adelante con las tareas de custodia y resguardo de las muestras.
Para el juez, es responsabilidad del Estado argentino “no solo perseguir y sancionar a los responsables penales de los delitos investigados, sino también reparar a las víctimas y a la sociedad, reconstruyendo los hechos y garantizando el derecho a la verdad, a la identidad y a la justicia”.
Además, recalcó que la restitución de cada persona apropiada “es, en consecuencia, un eslabón necesario para la plena vigencia de los Derechos Humanos” ya que constituye “una reparación hacia la sociedad en la búsqueda de la verdad y la persecución de la justicia”. Por tal motivo, consideró que “es deber del Estado propiciar las condiciones para encontrar a cada nieto y nieta apropiados”.
“El acuerdo arribado garantiza el correcto funcionamiento del BNDG en lo inmediato y en el transcurso del año, habiendo cesado la situación de gravedad extrema tenida en cuenta inicialmente al dictar la medida cautelar interina”, dijo el juez federal en el fallo. En ese sentido, remarcó la importancia de la continuidad del BNDG en el marco de las políticas de derechos humanos y de restitución de la verdad y de la justicia.
Banco de datos genéticos
La continuidad operativa del BNDG estuvo en peligro a raíz de la asfixia presupuestaria que comenzaron a percibir sus autoridades meses atrás y que llegó a su punto límite el 8 de mayo pasado, cuando la directora del organismo, Mariana Herrera Piñeiro, le envió una nota a jueces y fiscales advirtiendo que no podría seguir tomando muestras biológicas para realizar los cotejos.
En el edificio donde opera el BNDG se almacenan unos 32 mil registros genéticos. En su mayoría pertenecen a familias que buscan a bebes robados por la dictadura militar o de quienes sospechan que pueden ser hijos de desaparecidos.
El comunicado de Herrera Piñero derivó luego una presentación ante la Justicia realizada por Pablo Parenti, Fiscal General de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado; por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
Los fiscales aseguraban que la falta de recursos “impacta de manera directa en la posibilidad de los tribunales de avanzar en la resolución de dichas causas” y consideraron “imprescindible remediarlo de inmediato” ya que la demora implicaba “un peligro cierto de perder la pericia esencial en los casos de apropiación de menores durante el terrorismo de Estado”.
Los argumentos de Herrera Piñeiro y del cuerpo de fiscales sirvieron de base para la cautelar interina dispuesta por el juez Ramos Padilla que ordenó al Gobierno a cumplir con la actualización presupuestaria. Inicialmente, Jefatura de Gabinete tenía previsto elevar los montos en $400 millones, pero la directora del BNDG lo consideró insuficiente. Finalmente, acordaron un incremento en $590 millones.
A finales de la semana pasada, el Gobierno informó que ya había iniciado las gestiones para reforzar el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos y había pedido que se deje sin efecto la medida cautelar que lo obligaba a garantizar de manera inmediata el funcionamiento del organismo clave para las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, en paralelo, también cuestionaron el diagnóstico presentado por las autoridades del Banco Nacional de Datos Genéticos y afirmaron que los problemas operativos “obedecen, al día de la fecha, a una gestión ineficiente de los recursos actualmente disponibles y a la falta de impulso de sus procesos administrativos y operativos y no a una insuficiencia de crédito”.
Incluso aseguró que “no se observa un impedimento presupuestario para la continuidad de los servicios que son indispensables para su correcto funcionamiento”.
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 a raíz de un pedido que las Abuelas de Plaza de Mayo le hicieron al entonces presidente Raúl Alfonsín por el cual entendían que la ciencia podía ser una aliada en la búsqueda de los niños y niñas los represores les habían arrebatado. Desde entonces, lograron restituir la identidad de 140 nietos y nietas.
