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El proyecto que será enviado al Congreso amplía el acceso al régimen, elimina restricciones patrimoniales y fija plazo hasta fines de 2027 para regularizar fondos. La iniciativa busca incentivar el ingreso de dólares al circuito formal y otorgar mayores garantías a los contribuyentes.
El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de ampliar la exteriorización de dólares no declarados y fortalecer el ingreso de divisas al sistema financiero formal. La iniciativa, que será remitida al Congreso en los próximos días, introduce cambios significativos respecto del esquema vigente.
Uno de los principales puntos de la propuesta es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que actualmente restringen el acceso al régimen. De esta manera, dejarán de existir las exclusiones para quienes superen determinados niveles patrimoniales o de facturación, mientras que la residencia fiscal pasará a ser el requisito central para acceder a los beneficios.
El proyecto también establece una fecha límite para adherir al programa. Según el borrador, los contribuyentes tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos sin enfrentar consecuencias retroactivas. Con esta modificación, el régimen dejará de tener carácter permanente y pasará a contar con una ventana temporal definida.
En materia tributaria, la iniciativa introduce precisiones sobre el tratamiento fiscal de los fondos regularizados. El criterio propuesto establece que los activos exteriorizados serán considerados incorporados al patrimonio cuando sean utilizados, evitando así efectos retroactivos sobre impuestos patrimoniales y reduciendo riesgos de cuestionamientos por períodos anteriores.
Asimismo, el texto incorpora a la ley la obligación de canalizar las operaciones a través del sistema financiero formal. El objetivo es garantizar trazabilidad en los movimientos de dinero y brindar un marco de mayor seguridad jurídica para quienes adhieran al régimen.
Otro de los cambios apunta a limitar las presunciones fiscales que actualmente pueden generar observaciones sobre incrementos patrimoniales o depósitos bancarios. La propuesta establece que será la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la que deberá demostrar con pruebas objetivas la existencia de diferencias significativas antes de aplicar sanciones o excluir beneficios.
Además, se redefine el concepto de discrepancia significativa, elevando los umbrales a partir de los cuales podrían generarse cuestionamientos. El proyecto también contempla la posibilidad de corregir declaraciones y regularizar inconsistencias dentro de determinados plazos sin perder los beneficios previstos.
Entre los incentivos adicionales figura la eximición de multas para contribuyentes que hayan cancelado previamente sus deudas fiscales y mecanismos para recuperar pagos efectuados en litigios ganados contra el Estado, aunque algunos especialistas consideran que las tasas previstas resultan reducidas.
La iniciativa surge luego de reuniones mantenidas entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y representantes del sector tributario. Desde el Gobierno buscan mejorar los resultados obtenidos por el esquema actual y captar parte de los dólares que permanecen fuera del sistema formal.
Con estas modificaciones, la administración nacional apuesta a generar mayores incentivos para la regularización fiscal, ampliar la base de contribuyentes adheridos y fortalecer el ingreso de divisas a la economía argentina.