Ministros de Salud de distintas provincias alertaron sobre el crecimiento de la demanda en hospitales públicos debido a la pérdida de cobertura privada y las dificultades económicas de las familias. También cuestionaron la reducción de recursos nacionales y las deudas acumuladas por obras sociales.
La creciente presión sobre los sistemas públicos de salud encendió señales de alarma en varias provincias argentinas. Funcionarios de Corrientes, Misiones y Salta advirtieron que los hospitales operan al límite de sus capacidades debido al aumento sostenido de pacientes que abandonan la atención privada y recurren al sistema estatal en busca de asistencia médica.
Según los responsables sanitarios, la combinación de caída del poder adquisitivo, aumento de las cuotas de medicina prepaga, pérdida de empleo y dificultades para afrontar gastos médicos generó una migración masiva hacia hospitales públicos, que enfrentan cada vez más dificultades para responder a la demanda.
En Corrientes, el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, aseguró que los establecimientos sanitarios se encuentran “a pleno de sus capacidades”. De acuerdo con datos oficiales, más del 86 por ciento de las atenciones médicas de la provincia se realizan en el sistema público, una proporción que continúa en aumento. La situación se refleja en servicios que debieron ampliar consultorios y reorganizar recursos para atender la creciente cantidad de pacientes.
Un escenario similar se observa en Misiones, donde el sistema público absorbe alrededor del 80 por ciento de la demanda sanitaria. Autoridades provinciales informaron que las consultas crecieron hasta un 20 por ciento durante el último año y que algunos centros de alta complejidad alcanzaron niveles récord de atención y cirugías.
La situación es aún más crítica en Salta. El ministro Federico Mangione reconoció que las guardias hospitalarias volvieron a registrar pacientes en pasillos y camillas debido a la falta de espacio disponible. Además, vinculó directamente el aumento de la demanda con el deterioro económico y la imposibilidad de muchas familias de afrontar costos de atención privada.
A la sobrecarga asistencial se suma otro problema: las deudas millonarias de obras sociales con los sistemas públicos provinciales. Funcionarios salteños denunciaron atrasos en los pagos y anticiparon acciones judiciales para intentar recuperar fondos destinados a prestaciones ya realizadas.
Los ministros también expresaron preocupación por la reducción de recursos provenientes del Estado nacional. Distintos informes señalan una disminución de las transferencias destinadas a hospitales de alta complejidad, situación que obliga a las provincias a asumir una carga financiera cada vez mayor para sostener servicios esenciales.
En contraste, Mendoza implementó un sistema centralizado para recuperar costos de atención brindada a afiliados de obras sociales y prepagas. Según datos oficiales, la provincia logró incrementar significativamente la recaudación por este concepto y reinvertir esos recursos en infraestructura, equipamiento e insumos para el sistema sanitario.
Mientras la demanda continúa creciendo, autoridades provinciales coinciden en que la sostenibilidad del sistema público dependerá tanto de la situación económica general como de la capacidad de financiamiento de los servicios de salud, que hoy enfrentan uno de los niveles de presión más altos de los últimos años.
