La fiscalía que investiga el presunto enriquecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, impulsó una serie de nuevas medidas de prueba destinadas a reconstruir ingresos, bienes, gastos y posibles movimientos patrimoniales bajo análisis.
En una resolución, el fiscal solicitó información sobre otra causa que involucra al hermano del funcionario, requirió documentación sobre actividades laborales de Adorni y su esposa, pidió registros de ingresos de proveedores a una vivienda ubicada en un country, información sobre la situación habitacional de la madre del vocero y datos de una compra de muebles por más de $8 millones. Una de las medidas apunta directamente a la causa por enriquecimiento ilícito que tramita contra Francisco Jorge Adorni, el hermano del funcionario.
El fiscal pidió una “amplia certificación del objeto procesal” de ese expediente, incluyendo “las personas comprendidas, los hechos denunciados o investigados, el estado actual del trámite” y toda referencia vinculada con “bienes de origen familiar, dinero en efectivo, sucesión de Jorge Adorni o cualquier otro extremo que pudiera guardar relación con el objeto de esta causa”.
La resolución explica que la medida busca determinar una eventual vinculación de ese expediente “con los extremos patrimoniales investigados” respecto de Manuel Adorni y Bettina Angeletti.
Otra de las medidas está dirigida al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal solicitó que se informe “todo vínculo, cargo, contratación, designación, locación de servicios, asesoría, función o actividad remunerada” que Manuel Adorni hubiera desempeñado en la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023.
Además, reclamó que se remitan antecedentes administrativos, funciones desempeñadas y “la totalidad de la información relativa a remuneraciones, haberes, compensaciones, honorarios y/o cualquier otro concepto percibido”.
El mismo requerimiento alcanza a Bettina Angeletti para el período comprendido entre 2018 y 2023. La fiscalía también pidió saber si ambos presentaron declaraciones juradas patrimoniales y, en caso afirmativo, obtener copia de esos documentos.
La investigación también puso la lupa sobre el inmueble ubicado en el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club. El fiscal requirió los registros de ingreso y egreso correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2024 y agosto de 2025 para reconstruir “aspectos estrictamente patrimoniales vinculados con las reformas, acondicionamiento, provisión de materiales, amoblamiento y demás gastos que vienen siendo objeto de investigación”.
La medida busca identificar proveedores, contratistas, personal de obra, transportistas y empresas que hayan intervenido en trabajos o entregas relacionadas con el lote. Asimismo, solicitó información sobre ingresos de mercadería, muebles, electrodomésticos y otros bienes, incluyendo destinatarios y personas que recibieron los envíos.
La fiscalía también pidió información sobre Silvia País, madre del vocero presidencial. A partir de publicaciones periodísticas, requirió a la administración de Fincas de Iraola 2 que informe si la mujer reside en ese barrio privado y, en caso afirmativo, desde cuándo y bajo qué modalidad ocupa el inmueble.
Si se tratara de una locación, la administración deberá informar “el monto mensual pactado, la modalidad de pago convenida, si existieron pagos por adelantado” y remitir copia del contrato correspondiente. Además, se solicitaron todas las liquidaciones de expensas, recibos y constancias de pago desde el inicio de la ocupación.
Otra de las medidas surge del análisis del teléfono celular de Matías Tabar, el arquitecto que remodeló la propiedad en Indio Cua. A partir de esa evidencia, el fiscal pidió información a la firma Industria Argentina del Descanso S.A., conocida comercialmente como Rosen The Store, sobre una factura emitida el 2 de junio de 2025 a nombre de Gisela Kocsis por $8.183.303,25.
La fiscalía pretende conocer “el medio de pago utilizado, fecha y modalidad de cancelación, identidad de la persona que efectuó el pago, cuenta, tarjeta, CBU, CVU, efectivo u otro instrumento empleado”. También requirió el domicilio de entrega, quién recibió los productos y cualquier dato que permita establecer el destinatario final de la operación.
En una medida que amplía el alcance de la investigación, el fiscal también pidió a la Comisión Nacional de Valores un relevamiento completo de las empresas, plataformas, exchanges, billeteras virtuales y prestadores de servicios de activos digitales que operaron en Argentina desde 2012 hasta la actualidad.
La solicitud incluye un listado año por año con la razón social de cada entidad, su denominación comercial, situación actual y antecedentes regulatorios. Además, requirió que la CNV informe cuál era la normativa aplicable en cada período y si existían registros formales de operadores de activos virtuales.
Las medidas fueron ordenadas con plazos de respuesta de 72 horas.
