La provincia de San Juan se encuentra en el centro de una tormenta territorial que reaviva viejos conflictos limítrofes que parecían dormidos. Por un lado, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, escaló en los últimos meses un reclamo histórico que cuestiona la soberanía sanjuanina sobre el proyecto minero Vicuña -el mayor emprendimiento de cobre del país, con una inversión estimada en 18.000 millones de dólares- y sobre el Parque Provincial Ischigualasto, conocido como el Valle de la Luna. Por el otro, la frontera con San Luis sigue sin definirse en una extensión de más de 3.000 kilómetros cuadrados, donde viven miles de personas que operan como sanjuaninas pero que, jurídicamente, habitan en un limbo administrativo.
El conflicto entre La Rioja y San Juan tiene raíces que se remontan a 1968, cuando el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía sancionó la Ley Nacional 18.004, que fijó los límites interprovinciales entre ambas jurisdicciones. Esa ley determinó que territorios como el cerro El Potro -donde hoy se desarrolla el proyecto Josemaría, parte del complejo Vicuña- y el Valle de la Luna pasaran a formar parte de San Juan, a pesar de que, hasta entonces, habían sido considerados riojanos.
Durante décadas, la delimitación no generó mayores controversias. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en 2018, cuando comenzaron los primeros reclamos riojanos por participación en las regalías del proyecto Josemaría. La discusión dejó de ser solo territorial para convertirse en una pugna económica vinculada a empleo, proveedores y distribución de beneficios.
En abril de 2026, la tensión escaló cuando la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, dictó una medida que ordenó la paralización de las actividades del proyecto Vicuña por 30 días y prohibió el uso de rutas y caminos en territorio riojano, los únicos accesos viables al campamento Batidero, en San Juan. La medida se basó en la ausencia de un Informe de Impacto Ambiental aprobado por las autoridades riojanas, dado que la mina se encuentra a apenas 1,5 kilómetros del límite provincial.
Frente a este escenario, el gobernador Ricardo Quintela no solo validó el fallo judicial sino que reabrió el debate histórico sobre los límites. Su argumento central es que el acuerdo de 1968 carece de legitimidad democrática porque fue firmado por gobernadores de facto y nunca fue ratificado por un Congreso constitucional.
“En este momento tenemos una situación conflictiva con la empresa Vicuña, en el proyecto Josemaría que está enclavado en San Juan en el límite con La Rioja. Ellos utilizaron durante 25 años el camino de La Rioja, nunca dejaron un peso”, denunció Quintela en una entrevista, durante esos días. “Les planteamos -a la empresa- que necesitamos oportunidades laborales para los riojanos y una participación proporcional en los servicios”, afirmó.
En ese sentido, propuso que San Juan concentre el 80% de los puestos de trabajo y La Rioja el 20%, e insistió en que el Senado de la Nación debería actuar como árbitro institucional para redefinir los límites y dar una solución definitiva al conflicto.
El reclamo riojano no es nuevo. Ya en 2010, el entonces senador nacional Carlos Menem había presentado un proyecto de ley ante el Congreso para revisar los límites, argumentando la inconstitucionalidad de la Ley 18.004. En 2021, Quintela había intentado una primera revisión, y en octubre de 2025 anunció la apertura de un frente judicial para “recuperar los límites históricos”. Ahora, su planteo incluye cuatro ejes: redefinir la frontera, lograr participación económica, sumar proveedores locales y abrir la posibilidad de esquemas de administración compartida.
La reacción en San Juan fue de rechazo casi unánime. El gobernador Marcelo Orrego fue tajante: “Quiero ser claro: la jurisdicción de San Juan es legal y está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional. No es un acuerdo entre funcionarios, es una ley vigente desde hace más de 50 años. Los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los sanjuaninos y los vamos a defender con la ley en la mano, siempre”, escribió en sus redes sociales.
La postura sanjuanina se sostiene en que los límites fueron ratificados luego en democracia. El investigador de la Universidad Nacional de San Juan, Fredi Varas, explicó que el acuerdo de 1968 fue ratificado en 1973 por la Ley 3.848, ya en plena democracia, y reafirmado en 2014 mediante un informe del SAIJ (Sistema Argentino de Información Jurídica).
En la Cámara de Diputados de San Juan, oficialismo y oposición se unieron en un proyecto conjunto de resolución para expresar un “enérgico repudio” a las acciones del gobernador riojano. Los bloques de Cambia San Juan, el Bloque Bloquista y La Libertad Avanza denunciaron que las declaraciones del gobernador riojano constituyen una “intromisión en asuntos internos”. El diputado nacional José Peluc (LLA) fue uno de los más duros: calificó la maniobra de “política antigua” para buscar “dos minutos de fama” y afirmó que Quintela “pone palos en la rueda” porque le molesta que a San Juan le vaya bien.
En paralelo, la Justicia de San Juan respondió con una medida cautelar que ordenó la reanudación de las actividades en Vicuña, impidiendo que “ningún tercero, sea público o privado, obstruya o suspenda la continuidad operativa del proyecto”. Desde Vicuña Corp. -la empresa conformada por BHP y Lundin Mining- se informó que continúa operando en pleno cumplimiento de los marcos legales vigentes.
Mientras La Rioja reavivó la crisis, San Juan mantiene otro conflicto limítrofe que, a diferencia del primero, no tiene fecha de inicio ni de resolución a la vista. Se trata de la disputa con San Luis por más de 3.000 kilómetros cuadrados en el departamento 25 de Mayo, una zona que incluye las Lagunas de Guanacache y las Pampas de las Salinas.
La particularidad de este conflicto es que, a diferencia del caso con La Rioja -en donde predominan el turismo y la minería-, en la zona en disputa con San Luis hay una población. Y esos habitantes, aunque no pertenecen de manera formal a ninguna de las dos provincias, funcionan como sanjuaninos: se atienden en salud en San Juan, estudian en escuelas sanjuaninas, utilizan la red vial sanjuanina y se sienten parte de la provincia cuyana.
“La gente que vive allí se autodefine como sanjuanina. De hecho, el municipio de 25 de Mayo ha asistido en reiteradas ocasiones a estos pobladores, quienes dependen funcionalmente de la provincia de San Juan: desde el sistema educativo y la red vial hasta diversos servicios esenciales”, explicó en una entrevista Hugo Tejada, director del departamento de Geografía de la Universidad Nacional de San Juan.
La contradicción es evidente en los mapas. El Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro (CEFOCCA) de San Juan elaboró un mapa que reconoce como propios esos 3.100 kilómetros cuadrados, estableciendo una superficie provincial de 92.789 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el mapa político autorizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y utilizado en las escuelas fija la superficie de San Juan en 89.651 kilómetros cuadrados. “Tiene una diferencia de 3.100 km cuadrados”, señaló Liliana Acosta, directora del doctorado en Geografía de la UNSJ.
El origen del conflicto se remonta a épocas en que las herramientas de medición carecían de la precisión actual y se sostiene en interpretaciones distintas de los límites. Entre 2016 y 2017, el CEFOCCA actualizó su mapa e incorporó como propia esa zona, que San Luis también reclama. A diferencia del conflicto con La Rioja, aquí no hay una ley que defina la frontera: solo existe una indeterminación que debería saldarse mediante convenios políticos entre ambas legislaturas.
“Quedan estos pequeños sectores donde existen indefiniciones que, en algún momento, requerirán que ambas legislaturas se sienten a acordar”, advirtió Acosta. Para Tejada, las “peleas” terminan siendo pequeñas al lado de las posibilidades de desarrollo si las provincias se complementan: “¿Tal vez sea momento de buscar una salida hacia adelante, hacia el futuro, con otro tipo de enfoques, buscando desarrollar la economía?”.
