El oficialismo busca fijar la visita de Manuel Adorni al Senado para aliviar la tensión
El oficialismo intenta destrabar uno de los principales focos de conflicto que enfrenta en el Congreso y trabaja para definir una fecha
El escándalo en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo tras la presentación de su declaración jurada rectificativa, que incluyó bienes y ahorros que hasta ahora no figuraban en los registros oficiales. Lejos de cerrar la polémica, la documentación presentada abrió nuevos interrogantes y profundizó el malestar dentro del propio oficialismo.
Mientras el presidente Javier Milei salió a respaldarlo públicamente, distintas voces del Gobierno reconocen en privado que el caso se convirtió en una carga política difícil de administrar. El problema no radica únicamente en los montos declarados o en el origen de los fondos, sino en las contradicciones de un funcionario que durante años construyó su imagen pública como uno de los principales cuestionadores de la “casta” y de las prácticas que hoy se le reprochan.
La defensa presidencial y las dudas que persisten
La estrategia oficial consiste en sostener que no existió corrupción ni enriquecimiento ilícito, sino omisiones que fueron posteriormente regularizadas. Sin embargo, la explicación no logró disipar las críticas ni dentro ni fuera del Gobierno.
La rectificación permitió conocer la existencia de dólares y otros activos que no habían sido informados previamente, además de una significativa variación patrimonial. A ello se sumó la decisión de adherir al régimen simplificado de Ganancias impulsado por el propio oficialismo, una herramienta que permite exteriorizar determinados activos sin necesidad de justificar detalladamente su origen.
Para la oposición y diversos sectores aliados, el problema central es político y ético. Adorni había negado reiteradamente cualquier irregularidad y cuestionado con dureza situaciones similares cuando involucraban a dirigentes de otros espacios.
Crece el desgaste interno
Según trascendió en las últimas horas, el tema generó incomodidad en distintos despachos de la Casa Rosada. La preocupación es que la controversia termine opacando los logros económicos que el Gobierno busca instalar en la agenda pública.
En el oficialismo admiten que la situación afecta la credibilidad del discurso de transparencia que La Libertad Avanza utilizó como una de sus principales banderas desde la campaña electoral. La tensión se agrava porque Adorni no es un funcionario secundario, sino uno de los dirigentes más identificados con la comunicación política del espacio.
El desgaste también alcanza a la relación con sectores aliados. Referentes del PRO reclamaron explicaciones más contundentes y cuestionaron las inconsistencias detectadas en la información patrimonial presentada por el funcionario.
Un costo político para el Gobierno
Más allá de las consecuencias judiciales o administrativas que pudiera tener el caso, el principal desafío para Milei es político. La defensa cerrada de Adorni expone al Presidente a críticas por aplicar criterios distintos según se trate de funcionarios propios o adversarios políticos.
La controversia también alimenta cuestionamientos sobre la coherencia del discurso oficial contra los privilegios y la falta de transparencia en la función pública. Mientras el Gobierno insiste en que se trata de un tema aclarado, la polémica sigue ocupando un lugar central en la agenda y amenaza con transformarse en uno de los mayores focos de desgaste para la administración libertaria.
La incógnita ahora es cuánto tiempo podrá sostener Milei a uno de sus funcionarios más cercanos sin que el costo político termine alcanzando al propio Gobierno.