A través de los decretos 406, 407, 408 y 409/2026, publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo avanzó en la implementación de nuevas herramientas destinadas a simplificar trámites, digitalizar procesos y modernizar aspectos vinculados con la documentación laboral.
La iniciativa busca que tanto empleados como empresas tengan una visión más completa de los conceptos que intervienen en una relación laboral formal, diferenciando con la remuneración bruta, las deducciones, los aportes y contribuciones, así como el salario neto efectivamente percibido por el trabajador.
La reglamentación establece un rediseño del recibo de haberes con el objetivo de brindar mayor transparencia sobre todos los conceptos económicos involucrados en una relación laboral.
El nuevo formato deberá presentar la información de manera diferenciada y ordenada, permitiendo identificar qué parte corresponde al salario del trabajador y qué montos son afrontados por el empleador como consecuencia de las obligaciones legales y convencionales vigentes.
El esquema estará estructurado en cuatro bloques. En primer lugar, deberá incluir los datos identificatorios del trabajador y del empleador, como nombre y apellido, CUIL, categoría laboral, convenio colectivo aplicable y período liquidado.
El segundo apartado deberá reflejas el costo laboral total asumido por la empresa. En esta sección tendrán que detallar las contribuciones patronales y otros conceptos que habitualmente no forman parte del salario percibido por el trabajador, pero que representan un costo directo para el empleador.
Entre ellos podrán aparecer las contribuciones destinadas al sistema de seguridad social, la obra social, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), las cuotas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), aportes empresariales a cámaras sectoriales y otros conceptos derivados de la normativa laboral vigente.
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El tercero contendrá el detalle de la remuneración bruta del trabajador. Se informarán todos los conceptos salariales que integran la liquidación mensual, como sueldo básico, antigüedad, horas extras, bonos u otros complementos.
Y el recibo también deberá mostrar de manera clara el salario neto, es decir, el monto final que efectivamente percibe el trabajador luego de aplicadas todas las deducciones correspondientes.
Además, la normativa promueve la utilización de herramientas digitales para la emisión, conservación y consulta de esta documentación, facilitando su acceso y reduciendo el uso de soportes físicos.
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El paquete normativo fue firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Uno de los ejes centrales es la profundización de la digitalización de los procedimientos laborales. El Gobierno impulsa la utilización de sistemas electrónicos para registrar documentación, gestionar trámites y acreditar distintas situaciones vinculadas al empleo.
Dentro de ese proceso de modernización, los certificados médicos por enfermedad o accidentes también pasarán a tener un formato predominantemente digital. Las prescripciones que indiquen reposo deberán emitirse mediante plataformas habilitadas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDIS). y estar respaldadas por profesionales acreditados ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS).
Cuando exista una diferencia entre el diagnóstico presentado por el trabajador y la evaluación realizada por el control médico de la empresa, las partes podrán recurrir a juntas médicas oficiales o instituciones especializadas de reconocida trayectoria para definir la situación.
Otro de los cambios está relacionado con los acuerdos de desvinculación. La normativa refuerza los controles sobre las homologaciones realizadas ante la autoridad laboral, con el objetivo de garantizar que los acuerdos celebrados entre empleadores y trabajadores respeten los derechos establecidos por la legislación vigente.
En materia previsional, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá implementar un sistema informático destinado a informar el inicio y la finalización de los trámites jubilatorios. Esto permitirá que los empleadores cuenten con datos actualizados para gestionar correctamente la continuidad o extinción de los vínculos laborales y las coberturas de salud asociadas.
ANSES
La reforma también reglamenta el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta creada para colaborar con el financiamiento de indemnizaciones laborales.
El sistema funcionará a través de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde cada empleador tendrá cuentas individualizadas para acumular recursos destinados a afrontar futuras obligaciones indemnizatorias a trabajadores registrados.
El Ejecutivo fijó el procedimiento para el pago y estableció que la responsabilidad por el cálculo de los montos indemnizatorios seguirá siendo exclusiva de la empresa.
Asimismo, prevé una reducción de contribuciones patronales equivalente al aporte efectuado al FAL y posterga hasta el 1 de noviembre de 2026 la entrada en vigencia del régimen.
Las asociaciones sindicales también quedan alcanzadas por la reglamentación. Entre las principales modificaciones se establece una mayor proporcionalidad entre la cantidad de dirigentes sindicales y el número real de afiliados cotizantes.
Para verificar esa representación se habilitan controles mediante cruces de información con registros públicos, incluyendo bases de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
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En paralelo, se incorporan nuevas condiciones para la utilización del crédito horario sindical: los representantes gremiales deberán comunicar al empleador con al menos 48 horas de anticipación el uso de esas horas y su ejercicio deberá compatibilizarse con la continuidad de las actividades de la empresa.
Por otra parte, las plataformas digitales de reparto y transporte de personas quedan excluidas de la Ley de Contrato de Trabajo bajo el régimen previsto por la reforma, mientras que la Secretaría de Transporte actuará como autoridad de aplicación específica para ese sector.
