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El informe “Mujeres campesinas, cuidados y crisis climática” visibiliza los graves efectos del ajuste económico y el abandono estatal sobre el tiempo y los cuerpos de las mujeres y diversidades de la agricultura familiar. El trabajo, realizado por medio de encuestas con perspectiva de género y entrevistas en profundidad a 150 familias campesinas en 5 provincias argentinas, estableció que el 66,7 por ciento de los hogares relevados cuenta con ingresos inferiores a la línea de pobreza.
El documento, presentado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (Mnci-St), señala que durante el último año casi 4 de cada 10 unidades productivas abandonaron al menos una producción. Los motivos principales fueron la falta de rentabilidad, la escasez de agua y los eventos climáticos extremos (sequías y heladas), lo que evidencia una alta vulnerabilidad económica y ambiental.
Frente a la escasez de agua o la precariedad económica, las mujeres realizan un mayor esfuerzo físico e incrementan los trabajos de cuidado no remunerados, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y su salud. En períodos de sequía —mencionada por el 85 por ciento de las encuestadas— se impone una carga adicional de 2 a 3 horas diarias dedicadas exclusivamente al acarreo de agua; mientras que los calores extremos, presentes en el 75% de los casos, obligan a reconfigurar los horarios laborales hacia la madrugada, disminuyendo las horas de descanso y afectando los cuidados de las personas a cargo.
Esto se traduce en un incremento de la “pobreza de tiempo estructural” que sufren las mujeres campesinas, quienes enfrentan jornadas de 16 a 18 horas de trabajo realizando dos, tres o más tareas en simultáneo, como producir alimentos, cocinar y cuidar de las infancias. Esta no es una realidad nueva: el tiempo de las mujeres de la ruralidad viene sosteniendo la falta de infraestructura básica (como el acceso al agua o al gas) y la carencia de políticas de cuidado y servicios públicos. Sin embargo, resulta alarmante comprobar la agudización de esta brecha a medida que el Estado se retira y la comercialización de las producciones campesinas se ve más afectada.
Esta simultaneidad de tareas no es una elección, sino una condición impuesta por la necesidad de sostener la vida y la unidad productiva en contextos de alta precariedad, donde el aporte económico que realizan es invisibilizado y las posibilidades de autocuidado son escasas. Así, el deterioro de la salud es otra de las variables donde impacta la asfixia económica actual sobre quienes sostienen la defensa de los territorios frente a la expansión del extractivismo.
El relevamiento pone en evidencia cómo las mujeres priorizan la vida de otros a costa del desgaste de su propio cuerpo, funcionando como la variable de ajuste final ante la ausencia de sistemas públicos de salud y la presión de la crisis climática. El 48 por ciento de las encuestadas no realiza las consultas médicas necesarias, y no por un estado de bienestar: el deterioro de la salud integral es abrumador. El 85 por ciento reportó estrés constante y el 70 por ciento manifestó sufrir enfermedades físicas, al tiempo que la mayoría expresó sentir tristeza y desánimo ante las pérdidas productivas y la migración familiar. Además, aquellas más afectadas por eventos climáticos extremos presentaron los indicadores de mayor vulnerabilidad física y psicológica.
La agricultura campesina produce el 60 por ciento de los alimentos que se consumen en el país mientras dispone de solo el 13 por ciento de la tierra cultivable. En tiempos donde la vida es amenazada y donde el avance de los extractivismos y los capitales extranjeros sobre la tierra y el agua ponen en riesgo la soberanía alimentaria, se vuelve imprescindible reconocer el rol central de las mujeres campesinas.
Es urgente redoblar los esfuerzos en el desarrollo de políticas públicas y de la infraestructura necesaria para la reconstrucción de un país que pueda garantizar un futuro para todos y todas. “La sostenibilidad de la vida no se construye a partir del sacrificio silencioso, sino del acceso efectivo a derechos, del fortalecimiento comunitario y de una redistribución más justa del cuidado y de los recursos”, concluye el informe.