Javier Milei: “El capitalismo de libre empresa está escrito en los Diez Mandamientos”
El presidente Javier Milei aseguró este lunes que “el capitalismo de libre empresa está escrito en los Diez Mandamientos” y sostuvo que
El Gobierno nacional puso en marcha una de las ofensivas legislativas más amplias de los últimos meses con el envío al Congreso de cuatro proyectos que impactan de lleno en economía, salud pública, regulación estatal y transparencia institucional. Se trata de iniciativas que abarcan desde la derogación de la ley de etiquetado frontal hasta la regulación del lobby, pasando por un nuevo régimen de beneficios extraordinarios para grandes inversiones y una ley integral para combatir la ludopatía y las apuestas online ilegales, supo AIM.
Según pudo saber AIM, el oficialismo busca acelerar el tratamiento parlamentario del paquete bajo una lógica común: reducir regulaciones, modificar el vínculo entre el Estado y el sector privado y avanzar hacia esquemas de mayor apertura económica y desburocratización.
Uno de los proyectos que ya genera fuerte polémica es la derogación total de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal. La iniciativa propone eliminar los octógonos negros de advertencia en alimentos y bebidas, argumentando que el sistema actual presenta problemas técnicos, regulatorios y económicos.
El Gobierno sostiene que el modelo vigente simplifica en exceso la información nutricional y genera distorsiones al aplicar los mismos criterios a productos muy diferentes. También cuestiona que el sistema no contemple adecuadamente factores como porciones, densidad nutricional o rol de cada alimento dentro de la dieta.
Desde Casa Rosada remarcan además que ya existen normas obligatorias de información nutricional dentro del Código Alimentario Argentino y del Mercosur, por lo que consideran que el etiquetado frontal genera “superposición regulatoria” y mayores costos para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
Fuentes consultadas por este medio indicaron a AIM que el proyecto también cuestiona las restricciones sobre publicidad, envases y promociones comerciales, y advierte sobre supuestos riesgos de concentración económica por el costo de implementación del sistema. En reemplazo del esquema actual, el Ejecutivo propone avanzar hacia políticas basadas en educación alimentaria y estrategias “más integrales y flexibles”.
Otra de las iniciativas apunta directamente al crecimiento de las apuestas online y la ludopatía, especialmente entre adolescentes. El proyecto define al juego problemático como una cuestión de salud pública y establece un marco integral para prevenir, controlar y sancionar el juego ilegal en plataformas digitales.
Informaron a AIM fuentes parlamentarias que la propuesta incluye penas de prisión de hasta seis años para quienes operen plataformas clandestinas y sanciones para quienes faciliten su funcionamiento mediante sistemas de pago, tecnología o publicidad.
El texto también prevé bloqueo de dominios, restricciones financieras, controles sobre billeteras virtuales y limitaciones a operaciones con criptoactivos vinculados al juego ilegal. En paralelo, obliga a las plataformas habilitadas a implementar sistemas estrictos de verificación de edad para impedir el acceso de menores.
La iniciativa pone el foco en el aumento de apuestas entre adolescentes y cita datos oficiales que muestran un crecimiento sostenido del fenómeno en estudiantes secundarios. Según supo AIM, el Gobierno buscará además restringir fuertemente la publicidad de apuestas online, prohibiendo campañas dirigidas a menores o mensajes que vinculen el juego con éxito económico o ascenso social.
El proyecto involucra además al Enacom, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y NIC Argentina, que tendrán facultades para bloquear sitios, restringir pagos y dar de baja dominios vinculados a plataformas ilegales.
En paralelo, el Poder Ejecutivo envió el denominado “Súper Rigi”, un nuevo esquema de incentivos extraordinarios para inversiones de gran escala en industrias consideradas estratégicas o inexistentes en el país. La propuesta apunta especialmente a sectores como inteligencia artificial, biotecnología, infraestructura digital y nuevas tecnologías.
El régimen contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales para proyectos superiores a mil millones de dólares. Entre ellos, se incluyen reducción del Impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, estabilidad regulatoria por 30 años, libre disponibilidad progresiva de divisas, eliminación de derechos de exportación y exenciones para importación de bienes de capital.
El Gobierno busca instalar a la Argentina un polo regional para industrias tecnológicas de frontera y garantizar previsibilidad de largo plazo para atraer capitales internacionales.
El proyecto también incorpora beneficios laborales, mecanismos de arbitraje internacional y garantías reforzadas contra cambios regulatorios futuros. Además, exige adhesión de provincias y municipios, que deberán reducir tributos locales y evitar nuevos gravámenes sobre las empresas alcanzadas por el régimen.
Para el oficialismo, el Súper Rigi busca “transformar la matriz productiva” y posicionar al país dentro de las cadenas globales de valor. Sin embargo, constató AIM que distintos sectores opositores ya comenzaron a cuestionar el alcance de las concesiones fiscales y regulatorias previstas en la iniciativa.
El cuarto proyecto enviado al Congreso propone regular de manera integral el lobby y la denominada “gestión de intereses” ante funcionarios públicos. La iniciativa crea un registro obligatorio y digital de lobistas y establece que todas las reuniones o contactos vinculados a decisiones públicas deberán quedar registrados y publicados online.
Fuentes consultadas por este medio señalaron a AIM que la propuesta obliga a declarar identidad, clientes, intereses representados y beneficiarios finales, además de informar periódicamente las actividades realizadas.
El sistema también alcanza a funcionarios, legisladores y asesores, que deberán registrar reuniones formales e incluso contactos informales o espontáneos relacionados con gestiones de intereses.
El proyecto incorpora sanciones administrativas y penales para quienes realicen lobby sin inscripción o falseen información. Además, establece restricciones para exfuncionarios, que no podrán ejercer actividades de lobby durante dos años en áreas donde hayan tenido competencia.
La iniciativa también incorpora controles especiales para actores extranjeros y prevé mecanismos de investigación y fiscalización por parte de organismos del Ejecutivo y el Congreso.
Con este paquete legislativo, el Gobierno abrió un nuevo frente de debate político y económico con reformas que impactan sobre salud pública, regulación estatal, inversiones, transparencia y funcionamiento institucional. En el oficialismo aseguran que se trata de medidas para “modernizar” el sistema; mientras que distintos sectores ya anticipan fuertes discusiones parlamentarias por el alcance de los cambios propuestos.