La causa que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino sumó un nuevo movimiento judicial que puede favorecer a los dirigentes de la AFA. El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz, no acompañó la apelación presentada por el fiscal Pedro Simón contra el envío del expediente al juzgado federal de Campana.
Con esa decisión, el planteo de Simón perdió respaldo en una instancia clave y quedó más cerca la posibilidad de que la investigación pase a manos del juez federal Adrián González Charvay. El fiscal santiagueño había pedido la indagatoria y la detención de Tapia y Toviggino en una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
La definición no resuelve el fondo de las acusaciones, pero sí modifica el escenario procesal. En la práctica, debilita la ofensiva impulsada desde Santiago del Estero y refuerza la posibilidad de concentrar en un mismo juzgado expedientes vinculados a dirigentes del fútbol argentino, en medio de una discusión de competencia que todavía sigue abierta.
La causa había quedado en el centro de la disputa luego de que el juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay resolviera enviar el expediente a Campana. Simón apeló esa decisión, pero el recurso debía ser sostenido ante la Cámara por el fiscal general de Tucumán.
Ese respaldo finalmente no llegó. Vehils Ruiz desistió de acompañar el planteo y sostuvo que el juzgado de Campana ya interviene en investigaciones previas que tendrían conexión con los hechos analizados en el expediente.
La decisión deja a Simón en una posición más débil dentro del caso, ya que su estrategia apuntaba a mantener la investigación bajo otra jurisdicción y avanzar con medidas de alto impacto contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.
De todos modos, el expediente no queda cerrado ya que todavía restan definiciones sobre la competencia y eventuales revisiones por parte de instancias superiores. Sin embargo, el movimiento del fiscal general aparece como un cambio relevante en el mapa judicial de la causa.
En su dictamen, Simón había apuntado contra la conducción de la AFA por una presunta maniobra que, según su hipótesis, habría comenzado en 2018 y estaría vinculada a movimientos de fondos, facturación y empresas relacionadas con el entorno de Toviggino.
El fiscal sostuvo que el dinero investigado tendría origen en tres supuestas fuentes: una presunta defraudación en perjuicio de la AFA, la omisión de ingresar impuestos ante ARCA mediante facturas presuntamente falsas y operaciones vinculadas a divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.
Además de Tapia y Toviggino, el fiscal había incluido en la imputación a otras personas del entorno del tesorero de la AFA, entre ellas familiares, allegados, empresarios y titulares de firmas mencionadas en los movimientos investigados.
La hipótesis de Simón ubicaba a Toviggino como una figura central en la presunta organización investigada. Respecto de Tapia, el planteo fiscal apuntaba a determinar si, desde su rol como presidente de la entidad, habría convalidado transferencias de fondos hacia empresas vinculadas al esquema bajo sospecha.
El eje inmediato de la causa pasó a ser qué juzgado debe intervenir: en las últimas semanas, la discusión por la competencia atravesó varios expedientes relacionados con dirigentes del fútbol argentino y abrió un frente de tensión entre distintas jurisdicciones.
El juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, ya aparece vinculado a otras investigaciones relacionadas con el entorno de la AFA. Por eso, el argumento de Vehils Ruiz apunta a evitar una tramitación fragmentada y concentrar en una misma sede judicial causas con posibles conexiones entre sí.
Ese criterio, sin embargo, todavía debe terminar de consolidarse en los tribunales. Algunas decisiones sobre acumulación de expedientes fueron discutidas ante instancias superiores, por lo que la radicación definitiva de la causa continúa pendiente.
En ese marco, el desistimiento del fiscal general fue leído como una señal favorable para Tapia y Toviggino, porque le quita impulso al recurso con el que Simón buscaba revertir el traslado del expediente.
En el entorno de la AFA remarcan que el expediente sigue atravesado por una discusión de competencia entre distintas jurisdicciones y que todavía no existe una resolución firme sobre las imputaciones más graves. Mientras tanto, la definición de Vehils Ruiz representa un nuevo giro procesal en una causa que aún deberá pasar por instancias superiores antes de quedar definitivamente radicada.
Las defensas insisten en que los pedidos de detención y las acusaciones formuladas por Simón no fueron validados por una decisión firme. Del otro lado, el expediente conserva planteos sobre movimientos de fondos, facturación y empresas que deberán ser analizados por el tribunal que finalmente quede a cargo de la investigación.
Por ahora, el dato central es procesal pero no menor: el fiscal general que debía sostener la apelación no acompañó el recurso. Con ese movimiento, la causa quedó más cerca de Campana y la avanzada judicial contra Tapia y Toviggino encontró un freno en una instancia clave.
