Aunque no parecía tener ningún obstáculo en obtener una amplia aprobación, el Gobierno decidió modificar su proyecto para pagarle a fondos buitre una suma de u$s171 millones para terminar un litigio que inició en el 2001. Al quitar esa propuesta de la sesión en el Senado, las propuestas restantes tiene como principal del temario es la aprobación de expedientes judiciales.
El oficialismo modificó su propio proyecto. Ingresarán 78 cargos de vacantes en la Justicia. Además, se tratará el programa de entrega de armas.
Será la segunda sesión del año en el Senado, tras una celebrada en marzo que trató pliegos y ascensos militares. En esta jornada, se abordarán pliegos para ocupar espacios vacantes en distintos tribunales del Poder Judicial. En tres audiencias consecutivas en la Comisión de Acuerdos en las últimas semanas se revisaron un total de 78 aspirantes a cargos judiciales. Se trata de una primera tanda antes de que se presenten otros 50 nuevos pliegos, que aún no se trataron en comisiones.
En lo que va del año, el Gobierno ya ha enviado más de 160 expedientes para cumplir vacantes en la Justicia. Entre los aspirantes, podría oficializar la postergación del cargo de Carlos Mahiques al frente de la Cámara Federal de Casación Penal. El juez es el padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
También se aguarda por una prórroga del programa de entrega de armas coordinado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), mecanismo con extendido nivel de apoyo en todos los bloques. Asimismo se rubricarán tratados internacionales, como el convenio de seguridad social con San Marino y Suiza y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.
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Proyecto de pago a fondos buitre
La agenda también incluía la aprobación de un plan de pago a dos fondos buitre por $171 millones. La iniciativa implicaba un desembolso a las firmas Attestor Value Master Fund LP y Bainbridge Ltd, que mantenían judicializada deuda soberana nacional cuando el país ingresó en default en 2001. Aunque el acuerdo de la Argentina con la Justicia estadounidense era avalar la operación para el 30 de abril, se alcanzó una postergación para el 31 de mayo.
El oficialismo alcanzó un dictamen mayoritario la semana pasada y cuenta con el apoyo de sectores del justicialismo provincial, aunque el bloque peronista mayoritario presentó su propio proyecto. Ahora la propuesta tendrá que volver a ser girado a comisiones, a donde tendrá que volver a obtener dictamen con las nuevas modificaciones.
Ambos bonistas mantenían judicializada deuda soberana argentina cuando el país ingresó en default en el 2001, aunque no ingresaron al acuerdo firmado por el gobierno de Mauricio Macri en el 2016. Las compañías habían iniciado un litigio para cobrarse la deuda a través de acciones del Estado nacional en el Banco Nación, en Aerolíneas Argentinas y en YPF.