Fue durante el XXXVIII Seminario Regional de Política Fiscal de la CEPAL donde se advirtió que la región enfrenta trampas del desarrollo que limitan su capacidad de alcanzar un crecimiento más productivo, inclusivo y sostenible, y se aconsejó que, para superarlas, las transformaciones estructurales necesarias deben apoyarse, entre otros aspectos, en un decidido fortalecimiento de la política fiscal. Según explicaron los especialistas allí reunidos, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, la volatilidad macroeconómica y un espacio fiscal acotado, se percibe la urgencia de avanzar en la movilización de recursos internos, con especial énfasis en el fortalecimiento de los sistemas tributarios como base del financiamiento público, así como de mejorar la calidad del gasto, con una visión estratégica que permita cerrar las brechas de desarrollo que persisten en los países de la región.
El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, inauguró el encuentro señalando que la región enfrenta un contexto externo de alta volatilidad, que ha generado choques importantes sobre los precios, la inflación y las condiciones de los mercados financieros domésticos e internacionales. “Choques, como el proveniente del conflicto bélico en Medio Oriente, se han vuelto cada vez más frecuentes, con implicaciones negativas no solamente económicas sino sociales”, explicó. “Al mismo tiempo, la región está sumida en tres trampas del desarrollo: una de baja capacidad para crecer y transformar; una de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social, y una de bajas capacidades institucionales y débil gobernanza”, enfatizó el funcionario.
Para Salazar-Xirinachs, estas trampas no son independientes del entorno externo, al contrario, los choques internacionales las profundizan y las hacen más difíciles de superar, y es precisamente aquí donde la política fiscal debe desempeñar un papel central como mecanismo de estabilización frente a los choques externos, y como herramienta estratégica para impulsar el desarrollo. Lo que dejaron en claro los asistentes es que la política fiscal no es solo una herramienta técnica, sino un instrumento esencial para la cohesión social, para la reducción de desigualdades, para el fortalecimiento del contrato social y de la legitimidad democrática.
También se subrayó que los desafíos en materia fiscal que enfrenta la región trascienden las fronteras nacionales y requieren una respuesta coordinada a escala global. “Estos no debieran ser esfuerzos nacionales aislados ya que se enmarcan en un trabajo que también avanza a nivel internacional. En ese sentido, el Compromiso de Sevilla representa un hito importante en la agenda de reforma de la arquitectura fiscal, financiera e institucional, orientada a hacerla más equitativa, estable y previsible. Asimismo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional abre un espacio histórico para que todos los países, en igualdad de condiciones, participen en la definición de las reglas del juego en materia tributaria a nivel global”, remarcó Salazar-Xirinachs.
Como de costumbre, se presentó el informe fiscal anual de la región, que en esta oportunidad examina varios temas relevantes para el debate regional sobre la política fiscal.
Cepal – PBI regional 2026
En América Latina persiste una situación de espacio fiscal limitado en un contexto de mayores costos de financiamiento. La deuda pública aumentó, ubicándose en 52,3% del PIB frente a 51,9% en 2024. Si bien este nivel representa una reducción respecto del alza registrada en 2020, se mantiene elevado, en torno a los niveles alcanzados a inicios de la década de 2000, cuando la región enfrentó una serie de crisis económicas y financieras.
Por eso, señaló el titular de la CEPAL que, ante un espacio fiscal acotado, es de suma importancia avanzar en estrategias de fortalecimiento de las finanzas públicas, apoyadas en una institucionalidad fiscal resiliente, que incluya instrumentos amortiguadores frente a choques y mecanismos innovadores de financiamiento para proteger las prioridades de inversión y el gasto social.
Además de analizar la evolución de las principales variables fiscales durante el 2025, el informe de este año explora dos temas de gran relevancia: el incumplimiento del impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF) y los gastos tributarios orientados a objetivos sociales.
El reporte estima una brecha tributaria en el IRPF de entre el 0,33% y el 0,93% del PIB utilizando una metodología armonizada en una muestra de cinco países de la región, y propone un paquete de medidas para abordar este problema, combinando el uso de nuevas tecnologías de fiscalización con el desarrollo de mecanismos que facilitan el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, complementando estos esfuerzos con un conjunto de reformas normativas que cierren los espacios de evasión.
En cuanto a los gastos tributarios, el informe presenta una novedosa metodología para el análisis de los gastos tributarios con fines sociales en 12 países de la región, revelando diferencias considerables en cuanto a la utilización y magnitud de estos instrumentos, junto con una marcada escasez de información acerca de su efectividad e impacto distributivo. Como el informe argumenta, avanzar hacia una gestión más integral, transparente y basada en evaluaciones objetivas resulta indispensable para mejorar la calidad de la política fiscal y fortalecer la legitimidad de las reformas tributarias.
El informe indica que los ingresos tributarios aumentaron en más de la mitad de los países de la región. El promedio regional alcanzó 21,7% del PIB, lo que representa un incremento de 0,2 puntos del PIB. Este aumento se explica principalmente por mayores ingresos provenientes de impuestos sobre bienes y servicios, lo que compensó un descenso en la recaudación del impuesto sobre la renta.
La evolución de las finanzas públicas durante 2025 muestra una alta heterogeneidad en la región. Los ingresos públicos de América Latina se mantuvieron relativamente estables, con un leve incremento de la recaudación tributaria. El balance primario mejoró y se acercó al equilibrio, al tiempo que el déficit global promedio se redujo a un 2,9% del PIB, si bien los niveles de endeudamiento permanecen elevados. En el Caribe, en cambio, la posición fiscal se deterioró: el balance primario pasó de un superávit del 0,3% del PIB en 2024 a un déficit del 1,6% del PIB en 2025, impulsado por la caída de los ingresos no tributarios y el aumento del gasto público. En esa línea, el déficit global promedio de la subregión aumentó al 4,8% del PIB.
De manera complementaria, como ha venido enfatizando la CEPAL, es esencial reforzar las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP) del sector público, con el fin de asegurar un diseño adecuado y la implementación efectiva de las distintas políticas públicas. En particular, las capacidades prospectivas adquieren gran relevancia en la coyuntura actual, a partir del conflicto bélico que se desató en varios países de Medio Oriente, debido a sus potenciales efectos sobre el crecimiento económico mundial. El alza de los precios de las materias primas (fundamentalmente del petróleo, el gas natural y los fertilizantes) y su posible incidencia sobre los precios de los alimentos podría generar presiones inflacionarias a nivel mundial y regional, como sucedió en años anteriores.
En relación con esto, las principales implicaciones para la política fiscal, que es una herramienta esencial para la resiliencia macroeconómica, podrían manifestarse en un conjunto de presiones adicionales para el alivio tributario o para financiar eventuales medidas de gasto público en favor de grupos más vulnerables en un contexto de espacio fiscal limitado.
Asimismo, el posible aumento de las tasas de interés incidiría en el pago de intereses. Por otra parte, el alza del precio del petróleo podría tener efectos favorables sobre los ingresos de las empresas petroleras estatales de los países productores en la región.
En este sentido, cobra relevancia la necesidad de avanzar en estrategias de fortalecimiento de las finanzas públicas apoyadas en una institucionalidad fiscal resiliente. Esto incluye, entre otros elementos, distintos instrumentos amortiguadores frente a choques, como los fondos soberanos, y el uso de instrumentos innovadores de financiamiento para proteger prioridades de inversión ante condiciones externas volátiles.
